

¿Fuga de información en tus reuniones? Barrido electrónico integral TSCM de despachos, salas de juntas y oficinas para detectar micrófonos, cámaras, grabadoras y transmisores ocultos, con revisión de telefonía fija, realizado por un despacho de abogados especializado, con dictamen jurídico incluido. Intervención discreta, fuera de horario si se requiere. Sin coste de desplazamiento en Madrid y capitales de provincia de Galicia.
3 Años de Garantía: Calidad certificada en todos los productos
Pago 100% Seguro: PayPal / Visa / Mastercard
Envío Gratis: En pedidos desde 60 €
Devolución 14 Días: Compra sin compromisoCuando la competencia se adelanta a una oferta, la otra parte de una negociación conoce tu margen o un conflicto interno se filtra antes de tiempo, la fuga puede tener un origen físico. Un micrófono GSM en una regleta de la sala de juntas, una grabadora activada por voz en el despacho de dirección, un transmisor en la roseta del teléfono o un equipo desconocido conectado a la red son dispositivos baratos, fáciles de instalar en minutos por cualquiera con acceso a las instalaciones, y difíciles de ver. El barrido electrónico integral TSCM examina las estancias críticas de la empresa frente a todos ellos, tanto los que transmiten como los que graban en silencio.
Este servicio incluye la inspección radioeléctrica, térmica, óptica y física de las estancias, la revisión de la telefonía fija y de las redes, la explicación de los resultados y un dictamen jurídico que valora lo encontrado y orienta a la empresa sobre cómo actuar.
La inspección y el dictamen los realiza un abogado TSCM especializado en contramedidas electrónicas. El encargo se formaliza directamente con el abogado TSCM, que presupuesta y factura el servicio, de modo que toda la información sobre la empresa y sobre la inspección queda amparada por el secreto profesional del abogado desde el primer contacto. ESPIAMOS® pone en contacto a la empresa con el despacho de abogados; no percibe comisión alguna por ello.
Para solicitar el barrido, contacta con el despacho a través de su web o pídenos sus datos de contacto por teléfono o WhatsApp.
Los dispositivos de escucha actuales no emiten de forma continua: transmiten en ráfagas cuando detectan voz, se activan a horas programadas, se apoyan en la propia red Wi-Fi de la oficina o graban en una memoria para ser recogidos después. Un detector básico en manos del personal de seguridad solo capta lo que está transmitiendo en ese instante y en las bandas que conoce, y su uso por personal interno plantea un problema añadido: si el dispositivo lo ha instalado alguien de dentro, la comprobación interna lo alerta.
Si aparece un dispositivo, el hallazgo técnico es solo el principio. Quién lo instaló, si era lícito hacerlo, qué vías de actuación existen —penal, civil, laboral, societaria o por violación de secretos empresariales— y cómo preservar la prueba para que no se cuestione después son cuestiones jurídicas. Y en la empresa hay una pregunta adicional: si el dispositivo lo instaló la propia compañía, o alguien en su nombre, dentro o fuera de los límites de su facultad de control. La calificación depende del contexto.
El dictamen jurídico responde a esas preguntas a partir de la inspección realizada, y está redactado por el mismo letrado TSCM que la ha dirigido. Es el documento con el que acudir a una denuncia, fundamentar un despido o una acción contra un socio o directivo, o acreditar diligencia ante clientes, auditores o el órgano de compliance.
Es la diferencia entre contratar a un técnico y contratar a un abogado en ejercicio. Si se localiza un micrófono, una cámara, una grabadora o un transmisor, el abogado informa en el momento a la dirección de lo que se ha encontrado y de las opciones que tiene la empresa, y la estrategia se decide allí mismo.
Si la empresa decide denunciar, el propio letrado puede avisar directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su nombre para que se hagan cargo del dispositivo desde ese instante. Así la cadena de custodia se inicia con el abogado presente desde el primer minuto, lo que reduce el riesgo de que la prueba se cuestione después. Si la empresa prefiere no denunciar todavía, o investigar internamente, el abogado documenta el hallazgo de forma que esa opción siga abierta.
Lo que no conviene hacer, con o sin abogado, es retirar el dispositivo, manipularlo, hablar del hallazgo dentro de la estancia o confrontar a quien se sospecha. Es la reacción natural y es la que destruye la prueba y alerta a quien lo instaló.
En Madrid y en las capitales de provincia de Galicia, sin coste de desplazamiento. En otras provincias también es posible; el desplazamiento se presupuesta aparte.
Todo el servicio lo realiza integramente el despacho de abogados. El despacho presupuesta a medida tras la consulta inicial, en función del número de estancias, la superficie, la telefonía y redes a revisar y el horario de intervención. La factura, el presupuesto, la hoja de encargo y la política de privacidad son suyos.
No. El barrido puede realizarse fuera del horario laboral, en fin de semana o de noche, de modo que solo lo conozcan las personas que lo han encargado. En horario laboral es posible, pero conviene que la estancia esté despejada y sin dispositivos electrónicos ajenos.
Solo cuando es necesario para acceder a un punto sospechoso, y siempre con autorización expresa previa. El abogado informa antes de cualquier manipulación y la documenta. La inspección no deja marcas ni daños.
Sí. Para eso se emplea el detector de uniones no lineales, que localiza componentes electrónicos aunque estén apagados o sin batería, junto con la detección óptica de lentes y la inspección física y endoscópica.
Sí. Se revisan terminales, rosetas, cableado y armario de comunicaciones para descartar derivaciones o equipos conectados. No incluye el análisis de los teléfonos móviles de los directivos, para el que el despacho ofrece un servicio específico de detección de software espía que puede combinarse con el barrido.
La empresa tiene una facultad de control sobre sus instalaciones, pero con límites estrictos cuando afecta a la intimidad o a las comunicaciones de trabajadores, socios o visitantes. Si durante el barrido aparece un dispositivo instalado por la propia organización, el dictamen valora también esa situación y sus riesgos.
Sí. El despacho planifica el barrido por fases y por prioridad de estancias, y puede establecer un programa de revisiones periódicas con informe de cada intervención.
Depende de la información que se maneje. Una revisión trimestral de despachos de dirección y salas de juntas es una cadencia habitual, con inspección inmediata ante salidas conflictivas, obras, intervenciones de terceros o cualquier sospecha de fuga.
No, pero el despacho puede combinarlos en un mismo encargo: existe un barrido electrónico integral para vehículos y un barrido para viviendas y habitaciones, ya que con frecuencia la vigilancia de un directivo no se limita a la oficina.